En La Guajira, crece la preocupación por el futuro del Banco de Alimentos, una institución clave para la alimentación de las comunidades más vulnerables de la región. La situación se ha vuelto crítica luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) impusiera un cobro de 300 millones de pesos, que con el retroactivo podría ascender a 800 millones. Este cobro pone en riesgo la continuidad de la entidad, que opera gracias a donaciones y no genera ingresos.
Rebeca Badillo, directora ejecutiva del Banco de Alimentos, expresó que la entidad fue creada bajo un decreto canónico y es parte de la Iglesia Católica, por lo que pagar impuestos resulta incongruente. «No generamos renta ni utilidad, solo vivimos de las donaciones que se destinan a alimentar a las comunidades más necesitadas», señaló. La incertidumbre por este cobro podría afectar la distribución de alimentos a miles de personas que dependen de la organización.
La representante del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, quien promovió la Ley para impulsar la donación de alimentos en Colombia, hizo un llamado urgente a la Dian para que reconsidere esta medida. “Es indignante que se imponga este cobro cuando el banco se dedica exclusivamente a luchar contra el hambre. En La Guajira, más de 630 mil personas padecen hambre, y no se debe atacar a los aliados en esta causa”, dijo Robayo.
La solicitud ahora es clara: la Dian debe revisar la situación y rectificar lo que muchos consideran una injusticia. El futuro de miles de personas en una de las regiones más golpeadas por la pobreza está en juego, y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar que la labor del Banco de Alimentos pueda continuar sin contratiempos.
