La reciente alocución de Gustavo Petro en respuesta a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su campaña presidencial de 2022 ha generado controversia. El presidente presentó cinco puntos clave en su defensa, pero estos argumentos han sido contrastados con los hallazgos del CNE, revelando diferencias significativas entre lo que afirma el mandatario y lo que las pruebas sugieren.
Uno de los puntos más críticos es el relacionado con los aportes de la USO y Fecode. Petro afirmó que estos no fueron a su campaña, sino al partido Colombia Humana. Sin embargo, el CNE ha determinado que la campaña recibió “fuentes de financiación prohibidas por parte de personas jurídicas”, incumpliendo con la normativa legal de financiación política. Esto supone una violación directa de las reglas establecidas para las elecciones.
En cuanto a los pagos a testigos electorales, Petro argumentó que no fueron gastos de campaña, dado que el conteo de votos ocurre después de las elecciones. No obstante, el CNE asegura que la campaña omitió reportar 931 millones de pesos destinados a los pagos de testigos electorales. Estos pagos fueron canalizados a través de contratos con empresas como Ingenial Media SAS y Matrix Giros y Servicios SAS, lo que no fue reflejado en los informes oficiales de la campaña.
Otro punto que ha generado controversia es la propaganda electoral. Petro asegura que todos los gastos fueron reportados y certificados por auditorías externas, pero el CNE ha encontrado que se omitieron 356 millones de pesos en propaganda electoral, incluyendo una factura de publicidad pautada con un importante medio entre el 2 y 23 de mayo de 2022.
El transporte aéreo también ha sido un tema clave. Petro sostuvo que los permisos de vuelo no necesariamente se utilizaron en su campaña. Sin embargo, el CNE encontró que la campaña no reportó 1.249 millones de pesos en transporte aéreo, y señaló posibles manipulaciones de cifras para evitar exceder los límites de gastos.
Finalmente, Petro defendió los gastos del evento de celebración en el Movistar Arena, afirmando que no formaban parte de la campaña. El CNE, por su parte, ha reportado que la campaña omitió un pago de 100 millones de pesos por el evento, basándose en una factura emitida antes de las elecciones, lo que la incluiría en el periodo de campaña.
La investigación del CNE sigue su curso, y el contraste entre los argumentos de la defensa y las pruebas presentadas por el órgano electoral ha suscitado una intensa discusión sobre la transparencia en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
