La política de «paz total» del presidente Gustavo Petro ha desatado un agudo debate nacional, particularmente por la designación de conocidos criminales como «gestores de paz». Esta figura, defendida por el Gobierno como una herramienta para avanzar en la reconciliación y el desarme de grupos ilegales, ha generado fuertes críticas debido a los antecedentes violentos de los seleccionados. Entre los más polémicos se encuentran exjefes paramilitares y cabecillas de disidencias armadas, cuyas trayectorias delictivas son alarmantes.
Uno de los nombres más sonados es el de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, señalado de múltiples delitos que incluyen homicidios, desplazamiento forzado y desapariciones. A pesar de su historial, el Gobierno ha justificado su designación argumentando que su experiencia y conocimiento del conflicto armado pueden ser útiles para diseñar procesos de desarme colectivo. Según un documento oficial, Mancuso se enfocaría en apoyar iniciativas en las zonas donde tuvo influencia delictiva.
Otro caso controvertido es el de Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de las disidencias de las Farc, recordado por su captura cuando se transportaba en una caravana de la UNP cargada con dinero y armas. A Firu se le atribuyen ataques a la fuerza pública y alianzas con el ELN para consolidar el control de negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia. Su inclusión como gestor de paz ha causado revuelo, pues se le acusa de continuar con actividades delictivas incluso después de su captura.
A esta lista se suma Julián David López Atencia, alias Darío, comandante del ELN, detenido por delitos como homicidio, terrorismo y uso de menores en actividades criminales. Aunque Darío solicitó su salida de prisión para ejercer como gestor de paz, la Corte Suprema de Justicia rechazó su petición, subrayando la gravedad de sus crímenes.
La figura de los gestores de paz, defendida por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, busca generar confianza y compromiso en los procesos de pacificación. Sin embargo, la designación de individuos con un pasado tan violento ha encendido las alarmas en varios sectores del país, que cuestionan si estos líderes criminales pueden realmente contribuir a la paz, o si su participación debilita la credibilidad de la estrategia de reconciliación del Gobierno.
