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martes, marzo 25, 2025
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Denuncian nuevo ‘mico’ en la reforma política: cambios buscan que violación de topes electorales solo sea investigada a partir de 2026

Una nueva polémica ha surgido en torno a la reforma política que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, tras la denuncia del columnista David Ghitis, quien reveló que un artículo clave de la propuesta podría otorgar impunidad a la campaña presidencial del mandatario. Según Ghitis, el objetivo de la modificación sería evitar que las sanciones por violación de topes electorales se apliquen antes del 2026, lo que beneficiaría directamente a Petro y su equipo de campaña.

El texto propuesto incluye un párrafo que especifica que las sanciones por Adermar los topes de financiación electoral solo entrarían en vigor para las elecciones posteriores a la aprobación del Acto Legislativo, es decir, a partir del 2026. Esto pondría fin a las actuales investigaciones en curso contra la campaña de Petro, que ha sido señalada por posibles irregularidades y excesos en los gastos de campaña durante las elecciones presidenciales.

“El Gobierno pretende que las sanciones se apliquen únicamente en elecciones futuras, dejando sin efecto las actuales investigaciones contra Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la Comisión de Investigación y Acusaciones”, advirtió Ghitis en su denuncia pública. Esta maniobra podría anular cualquier acción judicial en curso y otorgar un manto de impunidad a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Los abogados que han analizado la reforma alertan sobre el uso del principio de favorabilidad, que podría permitir que, si la ley cambia, las normas más benignas se apliquen retroactivamente, afectando las investigaciones en curso. Esto ha generado inquietud sobre el impacto que esta reforma tendría en las normas de transparencia electoral y la equidad en los procesos de campaña.

Además, la reforma busca cambiar las reglas del CNE, organismo que ha sido blanco de críticas del presidente Petro. De aprobarse la propuesta, se modificaría la elección de los magistrados del CNE, alargando su período a seis años, y serían seleccionados por las altas cortes, lo que podría tener implicaciones sobre la imparcialidad de las futuras decisiones electorales.

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