La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, ha solicitado formalmente que la reforma a la salud presentada por el gobierno sea tramitada como ley estatutaria. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, debido a la importancia del derecho a la salud y las modificaciones estructurales que propone el proyecto de ley.
Valencia argumenta que la reforma afecta el «núcleo esencial» del derecho fundamental a la salud, lo que, según la jurisprudencia y la normativa vigente, requiere un trámite más riguroso que el de una ley ordinaria. La senadora advirtió que tramitar el proyecto de ley en la Comisión Séptima del Senado, como ha propuesto el Gobierno, podría resultar en un “vicio de procedimiento insubsanable”, lo que eventualmente podría llevar a que la Corte Constitucional declare la ley como inconstitucional.
En una carta enviada el 17 de septiembre de 2024, Valencia explicó que, desde la Sentencia T-760/08 y la Ley 1751 de 2015, el derecho a la salud ha adquirido un estatus de derecho fundamental autónomo. Por lo tanto, modificar sustancialmente el sistema de salud a través de una ley ordinaria sería, según la senadora, una violación de la Constitución, ya que la reforma plantea cambios profundos en el modelo de aseguramiento y prestación de servicios, con implicaciones sobre la libertad de elección de los ciudadanos.
Entre las principales preocupaciones de la oposición se encuentra la posible estatización del sistema de salud y la creación de nuevas estructuras, como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Instituciones de Salud del Estado (ISI), que podrían generar conflictos de competencias y afectar la calidad y continuidad de los servicios. Para Valencia, estos cambios deben ser revisados de manera exhaustiva por la Corte Constitucional, algo que solo sería posible si la reforma se tramita como ley estatutaria.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta formal a la solicitud de la senadora Valencia. Sin embargo, la discusión en el Congreso continúa avanzando, y la oposición ha insistido en que cualquier reforma al sistema de salud debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales y seguir el debido proceso constitucional.
