El Consejo de Estado ha admitido una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, con la intención de anular las resoluciones que autorizan los diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo. Ruiz cuestiona la validez del proceso, argumentando que el Gobierno ha mostrado una preocupante pasividad frente al grupo armado, lo que ha provocado un aumento de la violencia en varias regiones del país.
Según el exministro, la disposición para la paz debe demostrarse claramente, y en el caso de las AGC, esto no ha sido evidente. Ruiz denuncia que se les ha otorgado un estatus político sin cumplir con los estándares internacionales, lo que ha debilitado la seguridad y el control territorial. En su demanda, busca que se verifique si el grupo armado realmente tiene intención de abandonar actividades como el narcotráfico y la violencia contra la población civil.

El Gobierno, como parte de su política de «Paz Total», inició este año conversaciones con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, con más de 7.000 miembros y presencia en 230 municipios. A través de una resolución ejecutiva, seis de sus principales líderes, entre ellos alias «Chiquito Malo» y alias «Gonzalito», fueron designados como voceros para participar en las negociaciones.
Ruiz también insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir planes claros para el desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por la violencia, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La demanda pone en duda la efectividad del proceso y la legitimidad de las resoluciones presidenciales que han permitido avanzar en estos diálogos.