En medio de una creciente controversia por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a abordar el tema del golpe de Estado en un reciente pronunciamiento. Este llamado se produce tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de avanzar con el estudio del pliego de cargos en su contra.
Petro ha utilizado su plataforma para denunciar lo que considera un intento de golpe de Estado, afirmando que su destino está en manos del pueblo colombiano que lo eligió. En un mensaje en sus redes sociales, Petro declaró: “Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”.
La decisión del CNE de proceder con el pliego de cargos ha generado gran inquietud en la Casa de Nariño, especialmente después de que seis de siete magistrados votaron a favor de tratar el asunto de manera urgente. El proceso ha llevado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a expresar su preocupación.
El pliego de cargos contra la campaña de Petro se centra en una factura electrónica por 356 millones de pesos, correspondiente a publicidad para la primera vuelta presidencial. Esta factura, pagada a Caracol Televisión, no fue reportada adecuadamente a las autoridades electorales, lo que podría haber llevado a una violación de los topes de campaña establecidos por el CNE. Además, se han presentado otros documentos, como los extractos bancarios de servicios para testigos electorales, que refuerzan la acusación.
A medida que avanza el proceso, se estima que la votación sobre el pliego de cargos podría ocurrir en tres semanas. Aunque la mayoría de los magistrados parecen inclinados a respaldar la sanción, el resultado sigue siendo incierto, dada la complejidad política del CNE.
El debate sobre la campaña de Petro ha intensificado el conflicto entre el gobierno y las instituciones encargadas de velar por la legalidad electoral, mientras el presidente continúa llamando a sus seguidores a una «lucha popular» contra lo que él describe como un ataque a su administración.
