Este 29 de agosto de 2024, la seguridad energética del país sufrió un nuevo golpe cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró un ataque contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ubicado entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander. La explosión, que fue documentada en varios videos difundidos en redes sociales, es el segundo atentado en menos de 24 horas contra esta infraestructura crítica, lo que ha encendido las alarmas en el gobierno y las Fuerzas Armadas.
El ataque ocurre en un momento delicado para Colombia, ya que las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN se encuentran en un punto crítico, tras la culminación del cese al fuego bilateral el pasado 23 de agosto. Las autoridades han desplegado tropas en la zona afectada para evaluar los daños y asegurar que no haya más artefactos explosivos que puedan comprometer aún más la integridad del oleoducto.

Este atentado no solo pone en riesgo la estabilidad energética del país, sino que también afecta directamente a las finanzas nacionales. El oleoducto Caño Limón-Coveñas es responsable de transportar cerca de 80.000 barriles de crudo al día, y cualquier interrupción en su operación podría generar pérdidas millonarias tanto para el sector petrolero como para la economía colombiana. Además, el impacto ambiental de estas explosiones en zonas rurales, donde muchas veces se derrama el crudo, es incalculable y genera preocupación entre las comunidades locales.
La respuesta del gobierno y las Fuerzas Militares ha sido inmediata, con un despliegue estratégico de efectivos en la región para prevenir nuevos ataques. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y se teme que el ELN esté planeando una escalada de violencia en otras regiones del país, aprovechando la fragilidad del proceso de paz. Este hecho pone en jaque no solo la infraestructura energética, sino también la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad en un contexto de negociaciones que se torna cada vez más complejo.