La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), implicados en un escándalo de corrupción millonario. La defensa de los exfuncionarios ha solicitado que su lugar de reclusión sea una guarnición militar, decisión que queda en manos del juez de control de garantías.
Una «empresa criminal» en el corazón de la UNGRD
La imputación de cargos hecha por la Fiscalía describe a López y Pinilla como parte de una «empresa criminal» que operaba dentro de la UNGRD, apoyada por altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Luis Eduardo López, contratista y empresario, también ha sido implicado, acusado de dirigir y controlar más de 30 empresas a través de terceros para facilitar la corrupción.
El ente acusador afirmó que los funcionarios y contratistas de la UNGRD, en complicidad con otros altos funcionarios y particulares, direccionaban contratos y seleccionaban a los contratistas de manera indebida. Entre los implicados, la Fiscalía señaló a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien presuntamente coordinaba los contratos para varios municipios en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Sobornos y direccionamiento de contratos
La Fiscalía presentó pruebas que incluyen la coordinación de contratos entre Olmedo López, Ricardo Bonilla, y otros funcionarios, incluyendo María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla. Los contratos beneficiaban a municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, donde había intereses indebidos de senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso.
Uno de los nombres más sonados en la imputación es el de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la Fiscalía, González instruyó el direccionamiento de contratos y la entrega de sobornos, incluyendo un pago de 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés David Calle.

Próxima audiencia y posibles consecuencias
La audiencia de legalización de captura, prevista para el próximo miércoles 7 de agosto, coincidirá con el segundo aniversario del mandato del presidente Gustavo Petro. En esta audiencia, la Fiscalía presentará el material probatorio contra López y Pinilla, buscando asegurar su reclusión mientras avanza el proceso judicial.
El caso ha generado una gran expectativa y preocupación en el país, ya que involucra a altos funcionarios del gobierno y pone en duda la transparencia en la administración pública. La decisión del juez en esta audiencia será crucial para el futuro del caso y podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Reacciones y contexto
El escándalo de corrupción en la UNGRD ha sido una piedra en el zapato para el gobierno de Gustavo Petro, especialmente en un momento en que celebra la mitad de su mandato. Las denuncias de corrupción y la solicitud de medida de aseguramiento contra exdirectivos de la UNGRD resaltan los desafíos que enfrenta la administración en su lucha por mantener la transparencia y la confianza pública.
Este caso es una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las entidades públicas para evitar que se repitan este tipo de situaciones que socavan la confianza en las instituciones y afectan gravemente la gestión pública y la credibilidad del gobierno.