La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles al juez 35 de control de garantías de Bogotá la detención preventiva en una guarnición militar para Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como para el contratista Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’. La fiscal María Cristina Patiño argumentó que los acusados enfrentan amenazas graves que justifican esta medida de seguridad.
Argumentos de la Fiscalía
La fiscal Patiño explicó que una evaluación de riesgo realizada por la oficina de protección de la Fiscalía reveló un riesgo extraordinario para los acusados, lo que llevó a la decisión de solicitar una medida de seguridad robusta. «La Fiscalía pretende imponer esta medida porque se ha determinado la alta probabilidad de que continúen con su labor delictiva», señaló Patiño, subrayando la necesidad de prevenir futuros actos de corrupción y garantizar la seguridad de los imputados.
Respuesta del Ministerio de Defensa
Desde el Puente de Boyacá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó sobre el posible sitio de reclusión de los exdirectivos de la UNGRD. «Esa es una decisión que toma un juez de control de garantías hacia dónde envía a los privados de libertad. Si existe la posibilidad, habría que atender la orden del juez», indicó Velásquez, destacando que el cumplimiento de esta decisión dependerá de la disponibilidad de cupos en instalaciones militares.
Contexto del caso
La Fiscalía acusó a López y Pinilla de formar una «empresa criminal» dentro de la UNGRD, apoyada por altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, para direccionar contratos y beneficiar a contratistas específicos. Luis Eduardo López, contratista y empresario, también fue implicado por dirigir y controlar materialmente más de 30 empresas a través de terceros.
La fiscal Patiño destacó que el direccionamiento de la contratación pública violó el derecho a la igualdad de los proponentes, generando ventajas ilícitas y sobrecostos por corrupción. Además, señaló que la organización criminal no ha sido completamente desmantelada, y en libertad, los acusados podrían contactar a otros miembros de la red.
Próximos pasos
La audiencia de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento se llevará a cabo el 7 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario del mandato del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía presentará pruebas adicionales para justificar la necesidad de mantener a los imputados en reclusión preventiva.
López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad en documento público. Se prevé que podrían enfrentar penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que la pena para López Rosero podría ser reducida a una cuarta parte, dado que actuó como interviniente y no como funcionario público.
El desenlace de este caso será crucial para la administración de justicia en Colombia, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
