En un acto que ha generado controversia y preocupación en Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón ha expresado su indignación por el uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de cabecillas de disidencias armadas, quienes, pese a tener órdenes de captura vigentes, se desplazan con libertad. Rendón hizo un llamado urgente a la UNP para que priorice la seguridad de los alcaldes de Toledo y San Rafael, quienes se encuentran bajo graves amenazas.
El gobernador reveló que, ante la falta de respuesta de la UNP, ha tenido que tomar medidas directas, como la entrega de un carro blindado de la Gobernación de Antioquia al alcalde de San Rafael, Eduin Aniceto Giraldo. Este acto se realizó debido a las constantes amenazas de muerte que el alcalde y su familia han recibido, supuestamente por parte de un grupo armado. La situación es tan alarmante que el alcalde de Toledo, Johnny Alberto Marín, se vio obligado a viajar a Washington para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rendón criticó fuertemente la gestión de la UNP, señalando que es inaceptable que criminales se paseen por el país con recursos públicos, armamento y dinero en efectivo, bajo el pretexto de negociaciones inexistentes. Esta situación pone en evidencia una grave falla en el sistema de protección a funcionarios públicos y plantea interrogantes sobre la transparencia y el control en el manejo de los recursos de seguridad.
La denuncia del gobernador se suma a una serie de inquietudes y denuncias previas de los alcaldes, quienes han señalado en repetidas ocasiones las amenazas recibidas. El alcalde de San Rafael, además de los mensajes intimidatorios, ha sufrido múltiples intentos de extorsión y presión por parte de grupos ilegales. Esta situación ha generado un clima de temor y desconfianza en la región, donde los líderes locales se sienten desprotegidos y expuestos ante la criminalidad.
