En un operativo realizado por la Policía Nacional, Fiscalía y Ejército en Antioquia, fueron capturados siete miembros del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las Farc. La intervención, que sorprendió a los capturados con armas y grandes sumas de dinero en efectivo, ha generado controversia debido a la liberación de tres de ellos, quienes participan en las mesas de diálogo con el gobierno.
Las autoridades señalaron que la caravana, compuesta por vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se movía bajo el amparo de la suspensión de órdenes de captura otorgada por el gobierno en el marco de las negociaciones de paz. Entre los detenidos, figura Édgar Orrego Arango, alias Firu, conocido cabecilla de las disidencias en la región. Sin embargo, la decisión de liberar a tres de los capturados ha suscitado críticas, pues se les acusa de utilizar este beneficio para continuar actividades ilícitas.
Según la Fiscalía, los liberados forman parte del proceso de paz en calidad de negociadores, lo que les otorgaba una especie de inmunidad temporal. No obstante, se han abierto nuevas investigaciones para esclarecer si estos individuos han incurrido en delitos recientes, lo que invalidaría el acuerdo de suspensión de capturas. «La investigación sigue en curso para determinar la participación de estos individuos en actividades delictivas posteriores a su inclusión en las mesas de diálogo», señaló el ente acusador.
El caso ha puesto en el centro del debate la política de negociación del gobierno con grupos armados, especialmente en cómo se manejan los beneficios otorgados a los negociadores. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha pedido explicaciones detalladas a los disidentes de las Farc involucrados en el incidente para esclarecer el uso de armas y dinero en efectivo en su posesión. «Es imperativo que se respete el espíritu de los acuerdos de paz y que no se utilicen las prerrogativas otorgadas para propósitos indebidos», afirmó Cristo.
Este incidente subraya la complejidad del proceso de paz en Colombia, donde la línea entre la negociación y la impunidad es frecuentemente cuestionada. La opinión pública espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que los procesos de paz no se conviertan en escudos para actividades ilegales.
