Los sindicatos acusan a la ministra de Trabajo de interferir en una huelga legalmente declarada, presentando pruebas de presiones y represalias.
La situación en el Ministerio del Trabajo se complica aún más con la reciente denuncia penal presentada contra la ministra Gloria Inés Ramírez por parte del comité de huelga de la entidad. La denuncia, dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, acusa a la ministra de violar los derechos de asociación y libertad sindical, al intentar interrumpir una huelga que había sido declarada legalmente el pasado 21 de mayo de 2024.
Según el comité de huelga, compuesto por diversos sindicatos del Ministerio, la ministra Ramírez no ha brindado las garantías necesarias durante la protesta, que ha involucrado a cientos de funcionarios. La denuncia destaca que, aunque los trabajadores optaron por un cese de actividades, muchos se vieron obligados a continuar sus labores por miedo a represalias.
En el documento, los denunciantes adjuntan pruebas de presiones ejercidas sobre los empleados para que mantuvieran sus funciones y de la falta de respeto hacia la decisión mayoritaria de ir a huelga. Alegan que la ministra Ramírez solicitó que se permitiera la entrada de funcionarios y contratistas, contraviniendo el derecho de huelga de los trabajadores.
“Solicitamos que se investigue la comisión de los delitos que presuntamente puedan presentarse por los servidores liderados por la Ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Ríos, y que han intervenido en la presunta violación del derecho de asociación, libertad sindical y de huelga de las organizaciones sindicales que integran el comité de huelga del Ministerio del Trabajo,” se lee en la denuncia firmada por sindicatos como SINALTRAEMPROS, SINPROTECOL, SINALTRASEGURIDADSOCIAL, y otros.

El comité de huelga también ha manifestado su descontento con la Procuraduría General de la Nación, acusándola de complicidad con la administración del Ministerio del Trabajo. En un comunicado reciente, criticaron la postura de la Procuraduría, que según ellos, ha favorecido a la administración y ha vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores en huelga.
Los sindicatos han exigido que la Procuraduría actúe de manera imparcial y promueva el diálogo entre las partes, sin prejuzgar ni extralimitarse en sus funciones. “Debe mantener independencia y no extralimitarse en sus funciones, tal como se lo dimos a conocer como comité de huelga, que una vez se evidenció la posición tomada le solicitamos apartarse del proceso toda vez que no se evidenció el actuar de mediador imparcial, sino todo lo contrario,” añadieron.
La denuncia contra la ministra Gloria Inés Ramírez y las críticas hacia la Procuraduría reflejan la creciente tensión y complejidad del conflicto laboral en el Ministerio del Trabajo, evidenciando la necesidad de una mediación efectiva y respetuosa de los derechos sindicales para resolver la huelga que afecta a la entidad.