El último secretariado de las Farc ha presentado un recurso para declarar nula la imputación por el delito de esclavitud realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un documento de 114 páginas, los abogados de los excomandantes argumentaron que no se logró evidenciar la sistematicidad y la intención de esclavizar a los secuestrados.
El documento, conocido por este medio, fue radicado ante la Sección de Reconocimiento de la JEP. En él, la defensa solicitó la no configuración del crimen de lesa humanidad de esclavitud, alegando la inexistencia de pruebas suficientes sobre la cosificación de los cautivos y la intención de esclavizarlos. Esta solicitud se presentó 38 días después de que la misma Sección emitiera un auto ratificando la imputación.
El Auto 003 de 2024 de la JEP indica que el secretariado habría permitido una política de guerra que esclavizó a los secuestrados, obligándolos a realizar trabajos bajo amenazas de muerte o violencia. Los excabecillas vinculados, como Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, han reconocido su responsabilidad en el delito de secuestro, pero niegan la imputación de esclavitud.
La defensa de los exFarc argumenta que no se probó la configuración del delito de esclavitud y solicita que se mantenga la imputación de trabajos forzados para quienes se compruebe su participación. Este recurso obliga a la JEP a hacer un nuevo análisis y emitir una respuesta.
El profesor Mauricio Montoya, experto en Problemas Colombianos, explicó que si los exFarc insisten en su inocencia respecto al delito de esclavitud, deberán demostrarlo en juicio, enfrentándose a posibles penas de entre 15 y 20 años de prisión si se evidencia su culpabilidad.
Este proceso supone un riesgo reputacional significativo para el partido Comunes, formado por los excombatientes de las Farc. Una condena por esclavitud podría afectar su imagen tanto a nivel nacional como internacional, destacando la gravedad del delito según el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma.
Mientras la JEP revisa el recurso, la comunidad internacional y los militantes del partido estarán atentos a las implicaciones de esta imputación en la credibilidad y futuro político de los exFarc.
