La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la ley estatutaria de la educación, impulsada por el Gobierno Nacional y respaldada por todos los partidos, incluidos los de oposición e independientes. La reforma, que estaba en riesgo de no pasar, logró salir adelante gracias a un acuerdo entre los ponentes en puntos cruciales, como el respeto a la autonomía universitaria, un principio consagrado en la Constitución.
La senadora María José Pizarro, coordinadora ponente, destacó que este es un paso en la dirección correcta, ya que la educación universitaria se convertirá en un derecho fundamental. «Todos los niños y las niñas de este país tendrán derecho a formarse desde que nacen, podrán formarse en valores esenciales. Vamos a acortar brechas entre la ruralidad y lo urbano, para que aquellos jóvenes que crecen en el campo puedan terminar su primaria, su bachillerato y además acceder a la universidad, porque la educación superior va a ser un derecho fundamental y eso es transformador para nuestra sociedad», señaló.
La senadora Paloma Valencia, a pesar de ser de la oposición, también respaldó el proyecto, afirmando que el Gobierno acogió los cambios propuestos por el Centro Democrático para mejorar la ley estatutaria. «Se respeta la autonomía universitaria eliminando la idea de que los rectores los eligen democráticamente. Logramos eliminar el hecho de que pretendían decir que el Estado solo podía invertir en educación pública. Nosotros creemos que el bien que hay que proteger es la educación y logramos introducir el hecho de que la educación piense en la empleabilidad de los jóvenes», indicó.
Al proyecto de ley solo le resta su aprobación en último debate en la plenaria del Senado de la República, pero los tiempos están ajustados, ya que debe ser aprobado antes del 20 de junio. El senador Ariel Ávila advirtió que «solo tendremos un día, los tiempos están muy ajustados según el cronograma de la Presidencia del Senado, por ende los riesgos de que se hunda son altísimos».
Esta es la primera reforma del Gobierno Nacional que logra un consenso de todos los sectores políticos en el Congreso de la República, lo que marca un hito en el proceso legislativo actual.
