El reciente acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y el ELN en Caracas ha suscitado una fuerte polémica. Según Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz con el ELN, el documento es «tremendamente ambiguo y peligroso», señalando que se asemeja más a una agenda de asamblea constituyente que a un acuerdo de paz tradicional.
El punto 1 de la agenda de negociación, pactado en el acuerdo de México, abarca nueve ejes de transformación que permitirán a las comunidades exponer sus problemáticas y posibles soluciones. Este comité nacional de participación operará con recursos de cooperación internacional y del Estado, y tendrá un seguimiento continuo.
Vera Grabe, jefa negociadora del Gobierno con el ELN, defendió el acuerdo, destacando que nunca antes se había avanzado tanto en temas como el cese al fuego y la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Los ejes incluyen desde la democratización del régimen político y la reconciliación nacional hasta un modelo económico sostenible y políticas ambientales.
Sin embargo, diversos sectores gremiales han expresado su preocupación, argumentando que las decisiones tomadas podrían convertirse en mandatos obligatorios, socavando el principio de separación de poderes. José Félix Lafaurie, uno de los integrantes del Gobierno que no firmó el documento, criticó el acuerdo por estar lleno de «equívocos y desbordamientos».
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, cuestionó el carácter vinculante del acuerdo y la falta de exclusión de temas como la minería ilegal, la extorsión y los secuestros. «Es como participar de un proceso con un fusil en la cabeza», comentó Bedoya.
Juan Camilo Restrepo compartió su escepticismo en tres puntos clave: primero, reconoció que el acuerdo es el primer intento concreto de incluir la participación de la sociedad civil. Segundo, criticó la ambigüedad y el peligro de que las conclusiones de estos diálogos se vuelvan obligatorias y políticas de Estado si se aceptan en la mesa de negociaciones. Tercero, señaló el silencio del acuerdo sobre la prohibición del secuestro, un tema crucial para la paz.
Restrepo describió lo firmado como un «vademécum de temas que se asemejan a la agenda de una asamblea constituyente», mencionando que abarca reformas del régimen político, instituciones, modelo económico, educativo y tratados internacionales, entre otros.
La controversia continúa, con muchos sectores esperando que se aclare el carácter y las implicaciones del acuerdo para garantizar que no se comprometan los principios democráticos y constitucionales del país.
