Un juez de la República ha dictado una condena de 51 años y 8 meses de prisión para Kelly Marcela Monsalve y su pareja, por el asesinato del niño Maximiliano Tabares Caro, un crimen que conmocionó a Antioquia en octubre de 2022. Este veredicto en primera instancia cierra un capítulo oscuro de tortura, homicidio y desaparición forzada agravados, cometidos en medio de rituales de santería en la zona rural de Segovia.
El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad por más de un mes, comenzó el 20 de septiembre de 2022, cuando Maximiliano fue visto por última vez en la vivienda de su abuela, ubicada a solo 10 minutos del parque principal de Segovia. Vecinos reportaron ruidos extraños y movimientos sospechosos en la casa durante la noche, sugiriendo la práctica de rituales de santería. La madre del niño denunció su desaparición, pero los testimonios y la evidencia recolectada por la Fiscalía señalaron otra realidad.
Tras 36 días de búsqueda e incertidumbre, los mismos responsables indicaron el lugar donde habían ocultado el cuerpo de Maximiliano, en la vereda Cuturú Alto. La investigación reveló que el niño fue trasladado en un motocarro a una zona rural, donde fue sometido a golpizas por parte de la secta «Los Carneros», a la que pertenecían la madre y el padrastro, en un intento por encontrar una supuesta guaca.
El dictamen de Medicina Legal confirmó que Maximiliano murió a causa de un trauma craneoencefálico, producto de un golpe con un objeto contundente. Durante los interrogatorios, la madre intentó desviar la investigación alegando que el niño había desaparecido tras ir a una tienda en el corregimiento La Cruzada, en Remedios, pero las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron lo contrario.
La condena ha generado una mezcla de alivio y dolor en la comunidad de Segovia, que aún intenta asimilar la brutalidad del crimen. El juez a cargo del caso decidió absolver a la abuela del niño, mientras que la sentencia para la madre y el padrastro podría ser apelada, aunque la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía deja poco margen para una reducción de la pena.
Este trágico desenlace subraya la necesidad de una vigilancia más rigurosa y una respuesta más rápida de las autoridades ante las señales de abuso y violencia dentro de las comunidades. La memoria de Maximiliano Tabares Caro, víctima de un acto de crueldad inimaginable, será un recordatorio constante de la urgencia de proteger a los más vulnerables.
