Un reciente informe ha puesto en el centro de la polémica al Ministerio de Igualdad, tras revelarse que se efectuaron pagos de primas técnicas a 19 funcionarios que, aparentemente, no deberían haberlas recibido. Entre los implicados se encuentra el viceministro Gareth Sella, quien recibió la suma más alta, estimada en 48 millones de pesos. Otros viceministros, directores, subdirectores y secretarios también se vieron beneficiados con montos que oscilan entre los tres y los 48 millones de pesos.
Este escándalo surge en un momento especialmente delicado para el Ministerio, que recientemente ha enfrentado un revés jurídico significativo. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, que daba vida a esta cartera, argumentando vicios de trámite en su estructuración y un análisis deficiente del impacto fiscal que implicaría su funcionamiento.
La vicepresidenta Francia Márquez, cabeza visible del ministerio, expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte, destacando la ironía de que una institución diseñada para trabajar por la población más vulnerable esté enfrentando tales desafíos. «Respetamos la decisión, pero no la compartimos», afirmó Márquez, reiterando el compromiso de su despacho con la defensa de los derechos fundamentales.

El Ministerio ha informado que se han recuperado ya 78 millones de pesos de los más de 100 millones que se necesitan recaudar para cubrir los pagos indebidos, y está en proceso de recuperar el saldo restante. Este incidente recuerda a otro suceso reciente en el Ministerio de Hacienda, donde salarios de algunos funcionarios del gobierno nacional fueron triplicados accidentalmente, lo que llevó a una solicitud de devolución de los fondos excedentes.
La situación actual del Ministerio de Igualdad no solo plantea interrogantes sobre la gestión de recursos en el sector público, sino que también despierta un debate más amplio sobre la transparencia y la responsabilidad en la administración de los fondos estatales.