El asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, ha revelado preocupantes detalles sobre la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El ataque ocurrió mientras Fernández se desplazaba en un vehículo del Inpec, en la calle 79C con carrera 27D, sector de Barrios Unidos en Bogotá.
El coronel Fernández, de 57 años, había asumido el cargo de director de La Modelo hace apenas mes y medio, tras haber sido trasladado desde la penitenciaría de mediana seguridad de Guaduas. A pesar de haber recibido amenazas de muerte, no contaba con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que facilitó el ataque de los sicarios.
Según el informe preliminar de la policía judicial, el conductor del vehículo declaró que acababan de dejar en su casa al subdirector del penal y se dirigían a la residencia de Fernández cuando una motocicleta se acercó al lado derecho del vehículo y abrió fuego. Dentro del vehículo, una Nissan Kicks, se encontraron las pertenencias de Fernández, incluyendo su celular. Además, se recuperó uno de los proyectiles que atravesó fácilmente los vidrios de la camioneta.
El vehículo, registrado a nombre del Inpec, no tenía blindaje y era un modelo 2017, lo que ha suscitado preguntas sobre la falta de medidas de protección adecuadas para un funcionario de su perfil. Allegados al coronel han asegurado que habían solicitado un esquema de protección, pero nunca se les asignó.

Las autoridades, incluyendo la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía, han priorizado la investigación del caso. Un grupo élite ha sido designado para revisar las cámaras de vigilancia y trazar la línea de tiempo del ataque. Los investigadores están enfocándose en identificar las características de los atacantes y su motocicleta, así como en rastrear la ruta que utilizaron para seguir al vehículo y huir después del ataque.
En el sitio del asesinato, los agentes del CTI realizaron una inspección técnica del cuerpo de Fernández y recogieron evidencia, incluyendo los casquillos de bala, para determinar el tipo de arma utilizada. Las primeras hipótesis apuntan a que las amenazas que Fernández recibió el 9 de mayo podrían estar vinculadas a redes de extorsión operando dentro de la cárcel.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha condenado el asesinato y prometió que no se dejarán amedrentar. «A los asesinos decirles que no nos van a amedrentar. A la familia del coronel Fernández quiero expresarle la solidaridad mía, del Gobierno y del país», declaró Osuna.
El asesinato de Fernández pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios penitenciarios en Colombia. Las amenazas y la violencia que enfrentan estos servidores públicos resaltan las deficiencias en la protección y la seguridad dentro del sistema penitenciario.