El Congreso de Colombia se encuentra sumergido en una atmósfera de desconfianza y sospecha, a raíz de las acusaciones de corrupción que pesan sobre Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Ambos líderes legislativos han sido señalados por presuntamente aceptar prebendas para favorecer las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En las plenarias recientes, ambos continuaron con sus funciones habituales, pero el clima político fue palpablemente tenso. A pesar de presentarse con una sonrisa y saludar a sus colegas, no pasó desapercibido que eran el tema principal en los corrillos del Congreso. Este escenario se desencadenó tras las explosivas declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), quien implicó a varios miembros del Congreso y de la Casa de Nariño en actividades corruptas.
Durante la sesión de la Cámara, se observó una particularidad cuando el vicepresidente Juan Espinal tuvo que iniciar la plenaria, dado que Calle se encontraba reunido con sus asesores. Aunque en las afueras del Salón Elíptico algunos representantes afirmaban la solidez de las pruebas contra Calle, el debate sobre la prohibición de las corridas de toros dominó la sesión sin menciones directas a las acusaciones.
Por otro lado, en el Senado, Iván Name tomó la palabra para defenderse de las acusaciones. En un discurso emocionado y con pausas reflexivas, negó haber recibido dinero y anunció que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para limpiar su nombre. Contrario a los rumores que apuntaban a una posible renuncia, Name concluyó su intervención y dejó la sesión en manos de los vicepresidentes.
El hecho de que ambos presidentes actuaran como si nada hubiera pasado no hizo más que aumentar las tensiones y las especulaciones sobre la veracidad de las acusaciones y la integridad de las reformas legislativas en curso. A medida que el escándalo se desarrolla, el Congreso enfrenta un período de incertidumbre que podría afectar la ejecución de la agenda legislativa del gobierno y la percepción pública de la institución.
