En un revés significativo para el gobierno del presidente Petro, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 12 años a Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar y reconocido aliado del petrismo. Pérez, quien también se desempeñó como exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, enfrentó estas drásticas medidas por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
La investigación, que culminó en su destitución, se centró en la acusación de que Pérez modificó injustificadamente la lista de elegibles para cargos directivos en las cajas de compensación familiar, un acto que la Procuraduría ha calificado de contravención a los principios de igualdad, legalidad y moralidad. Esta modificación permitió la inclusión de individuos que originalmente no cumplían con los requisitos o no participaron en la convocatoria inicial, comprometiendo la transparencia y la integridad del proceso de selección.
El conflicto se intensificó cuando Pérez, desde su posición de poder, solicitó contribuciones financieras de las cajas de compensación para apoyar iniciativas comunitarias en Buenaventura, Valle del Cauca. Aunque el propósito se describió como altruista, la Procuraduría argumentó que tal solicitud podría ser interpretada como una orden, dada su autoridad sobre estas entidades, transgrediendo las normativas que rigen las contribuciones legales destinadas a fines específicos como la seguridad social y la vivienda.
Pérez, respondiendo a estas acusaciones, ha convocado a una rueda de prensa en la sede de la CUT Nacional, acompañado por centrales obreras y su equipo legal, donde se espera que aborde estas acusaciones y su reciente sanción. Este evento se perfila como un momento crítico para el superintendente destituido, que busca limpiar su nombre mientras enfrenta uno de los desafíos más significativos de su carrera política y profesional.
Este caso no solo pone en relieve los desafíos de gobernanza y las luchas internas dentro del actual gobierno, sino que también subraya la continua vigilancia de los organismos de control en Colombia, asegurando que los funcionarios cumplan con los estándares más altos de conducta ética y legal.
