Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional de Colombia ha enfrentado serios desafíos, marcados por accidentes y denuncias de falta de mantenimiento. Recientemente, el helicóptero MI-17 con matrícula 3395 se accidentó en el sur de Bolívar, resultando en la trágica muerte de todos sus ocupantes, incluido el piloto, el teniente coronel Jesús David Carvajal Rangel.
Este no es un incidente aislado, ya que otro MI-17 se precipitó en octubre de 2023 en Anorí, Antioquia, causando múltiples heridos. Estos accidentes resaltan problemas continuos con la flota, que según el fallecido general Ricardo Díaz, ex viceministro de Defensa, sufren de un mantenimiento deficiente. Gran parte de estos helicópteros se encuentra en «preservación», estacionados para evitar su deterioro, con solo unos pocos en servicio activo.
El general Díaz había criticado la gestión de estos activos, describiéndolos como parte de una «flota corrupta» debido a sobrecostos y problemas con el mantenimiento y los repuestos, muchos de los cuales son difíciles de obtener debido a sanciones internacionales que afectan el comercio con Rusia, el proveedor original de los helicópteros.
La situación es complicada por restricciones legales que impiden el comercio de aeronaves militares y armadas, dejando al Ejército sin opciones viables para la renovación o venta de su flota. Esto ha llevado a un punto crítico donde los helicópteros no pueden operar de manera segura, planteando riesgos significativos para las operaciones militares y la seguridad del personal.
Este contexto de inoperancia técnica y administrativa genera incertidumbre sobre el futuro de la aviación militar en Colombia, y plantea preguntas urgentes sobre la capacidad del país para mantener su flota aérea en condiciones seguras y operativas. La situación demanda una revisión exhaustiva y posiblemente una reestructuración en la gestión de los recursos de defensa aérea del país.
