En un sorprendente giro hacia la criminalidad digital, Medellín se ha convertido en el epicentro de una serie de robos de criptomonedas, con pérdidas que ascienden a más de 1.700 millones de pesos. Estos delitos, perpetrados por una red conocida como los ‘criptoladrones’, han afectado a 129 personas en Colombia, quienes han visto desaparecer sus fortunas en cuestión de segundos.
Los ‘criptoladrones’ son delincuentes especializados en el robo de activos digitales, particularmente Bitcoin y Ether, cuyo valor puede superar los 254 millones de pesos por unidad. Estos criminales han evolucionado de los atracos tradicionales a una sofisticada operación en la red, infiltrándose en eventos sociales y utilizando plataformas de citas como Tinder para acercarse a sus víctimas, la mayoría extranjeros atraídos a la ciudad por su vida nocturna.
El modus operandi de estos delincuentes incluye sedar a sus víctimas durante encuentros íntimos para luego acceder a sus dispositivos móviles y transferir rápidamente los fondos digitales a cuentas anónimas. La rapidez y discreción con la que operan estos ladrones han dificultado enormemente las tareas de recuperación y rastreo de los activos robados.

Este fenómeno no solo pone de relieve la vulnerabilidad de las billeteras digitales en entornos no regulados, sino que también subraya la creciente necesidad de una legislación clara en Colombia respecto al manejo y seguridad de las criptomonedas. A pesar de los esfuerzos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Unidad de Delitos Informáticos de la Sijín, que han logrado desmantelar una parte significativa de la red criminal y recuperar algunos de los activos, el número de víctimas sigue en aumento.
Este escenario plantea un desafío importante para las autoridades y legisladores colombianos, quienes deben considerar seriamente la implementación de medidas de regulación y protección más robustas para los usuarios de criptomonedas en el país. La situación en Medellín es un claro recordatorio del doble filo que puede representar la tecnología digital cuando no existe un marco regulatorio adecuado.