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martes, febrero 11, 2025
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Controversia Nacional: Propuesta otorgaría a Petro capacidad de conceder perdón judicial y restablecer derechos políticos

Una iniciativa legislativa que busca modificar la Constitución colombiana ha encendido el debate público y político en el país. Este proyecto de acto legislativo, respaldado por más de una decena de organizaciones sociales y figuras políticas cercanas al presidente Gustavo Petro, propone otorgar al mandatario facultades especiales para conceder perdón judicial, así como el restablecimiento de derechos políticos, en el marco de su política de paz total.

Este proyecto, que requiere de ocho debates en el Congreso para su aprobación, sugiere que el presidente pueda extinguir la acción penal en casos que contribuyan «de modo fehaciente» a los fines de la política de paz total, o en situaciones influidas por política de Estado, el conflicto armado, o el «ambiente de pugnacidad» relacionado. Los efectos de este perdón incluirían la anulación de condenas y sanciones judiciales, el archivo de investigaciones en curso, y la restauración de los derechos políticos de los individuos afectados.

Esta propuesta también contempla la creación de un equipo jurídico presidencial para revisar casos judiciales marcados por errores jurisdiccionales o la «instrumentalización de la justicia politizada», excluyendo explícitamente los delitos de lesa humanidad. Además, se sugiere que el presidente pueda solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de nuevos macrocasos para investigar violaciones de derechos humanos dentro de una política de Estado.

En términos de reparación, el proyecto establece que aquellos actores políticos responsables de delitos contra la administración pública que se beneficien del perdón judicial deberán reparar al Estado y la sociedad, devolviendo los recursos apropiados señalados en sentencias judiciales. La propuesta también contempla el levantamiento de inhabilidades, permitiendo a condenados por corrupción recuperar sus derechos políticos, bajo un compromiso de no repetición y vinculación a la política de paz total.

Además, se plantea la creación de un tribunal de cierre o de amnistía política, designado por el presidente, que estudiará casos particulares para garantizar el perdón judicial, reiterando que la Constitución no contempla delitos irredimibles y promoviendo un gran acuerdo político nacional para la inclusión en el proceso de construcción de paz total.

Este proyecto ha generado una amplia gama de reacciones, desde apoyo por parte de aquellos que ven en él una herramienta vital para avanzar hacia una paz total en Colombia, hasta críticas severas por quienes lo consideran un exceso de poder ejecutivo y una amenaza al equilibrio de poderes y a la justicia. La discusión en torno a esta propuesta promete ser intensa y determinante para el futuro político y social del país.

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