En un movimiento sin precedentes, el Gobierno colombiano ha tomado las riendas de Sanitas, la EPS privada más grande del país, afectando directamente a sus 5,7 millones de afiliados. Esta acción, llevada a cabo por 15 funcionarios de la Superintendencia de Salud, se realizó en las sedes principales de Bogotá, dejando al sector salud y a la opinión pública en estado de alerta.
La medida, efectuada bajo un clima de especulaciones y confirmada el 2 de abril, ha suscitado un amplio debate sobre las implicaciones para la calidad del servicio de atención médica. Además, ha puesto en evidencia la delicada situación financiera de Sanitas, cuyas deudas con proveedores de servicios y tecnologías en salud superan los 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios para millones de usuarios.
La intervención no solo ha removido a la junta directiva y a los principales ejecutivos de la empresa, incluido su presidente, Juan Pablo Rueda, sino que también ha transferido la gestión de la EPS a un interventor gubernamental. Esta acción ha sido interpretada por muchos como una respuesta directa del Gobierno de Gustavo Petro ante la resistencia encontrada para llevar adelante su polémica reforma del sistema de salud.
Pese a las preocupaciones y críticas, el superintendente Luis Carlos Leal ha intentado tranquilizar a los afiliados, asegurando que se garantizará la continuidad en la prestación de los servicios de salud. No obstante, organizaciones de pacientes como Pacientes Colombia, han expresado su temor ante las posibles demoras y complicaciones en la atención, describiendo la intervención como una medida de represalia que podría comprometer gravemente la salud de casi 6 millones de personas.
Este giro drástico en la gestión de la salud en Colombia plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de salud en el país y el impacto que tendrá esta decisión en la vida de millones de ciudadanos que dependen de los servicios de Sanitas para su cuidado médico. Con el sistema de salud en la mira y una reforma controversial en el horizonte, el país se encuentra en un punto crítico que podría redefinir el acceso y la calidad de la atención médica para todos los colombianos.
