Colombia enfrenta nuevamente el creciente peligro de las minas antipersona, una realidad alarmante que revive los días más oscuros del conflicto armado en el país. A pesar de los esfuerzos por dejar atrás las heridas de la violencia, las recientes estadísticas muestran un preocupante aumento en la distribución de estos dispositivos mortales, con Antioquia, Nariño, Meta, y Chocó siendo los departamentos más afectados. El año 2023 registró la siembra de más de 5449 minas, situando a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en la primera línea de este renovado ataque por parte de grupos armados como las Farc de Iván Mordisco, el ELN, y el Clan del Golfo.
Historias desgarradoras emergen de las regiones devastadas, narrando el impacto brutal de las minas en la vida cotidiana. Jesús Arley Perea, por ejemplo, perdió sus extremidades mientras laboraba en el campo, un testimonio de la indiscriminada violencia que estas armas ocultas desatan. Otro caso, el de Clara Inés Garavata, culmina en tragedia, con su muerte dejando una huella imborrable en su comunidad y familia, reflejando el coste humano de esta estrategia de guerra.
Este incremento en la proliferación de minas antipersona no solo evidencia la continua amenaza de los grupos armados sino también el enorme desafío que enfrentan tanto las autoridades como las organizaciones humanitarias en sus esfuerzos por limpiar y recuperar las áreas contaminadas. Con cifras oficiales señalando que solo en 2023 se incautaron 8768 dispositivos listos para ser desplegados, se pone de manifiesto la urgente necesidad de intensificar las acciones contra este flagelo, en busca de proteger la vida y la seguridad de la población.
Ante este crítico panorama, resulta imperativo que tanto la comunidad nacional como internacional intensifiquen su apoyo a las víctimas y fortalezcan las estrategias de prevención y desminado. La historia de Colombia no puede seguir marcada por el sufrimiento de sus habitantes rurales, quienes anhelan vivir en sus tierras sin el temor de caer en una trampa mortal. Combatir las minas antipersona es un deber ético y humanitario que requiere del compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, con el fin de erradicar de una vez por todas esta sombría secuela del conflicto armado.
