Desde San Onofre, Sucre, en un llamado que resuena a nivel nacional e internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado al Ejército la captura con vida de Iván Mordisco, el comandante del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Esta directriz presidencial surge en un momento crítico de tensiones y acusaciones cruzadas, destacándose por su contundente rechazo a la violencia y su firme propósito de llevar ante la justicia a quienes desafían el estado de derecho en Colombia.
La orden del presidente Petro no es un simple mandato de captura; es una declaración de principios y una demostración de compromiso con la legalidad y la paz. Iván Mordisco, acusado de respaldar la campaña presidencial de Petro en 2022, se encuentra en el ojo del huracán, no solo por sus acciones contra la población civil sino también por sus declaraciones políticas. El presidente, en su discurso, hizo hincapié en su deseo de esclarecer las afirmaciones de Mordisco y afirmó que, desde su desmovilización del M-19, ha mantenido una postura inquebrantable de rechazo a cualquier forma de violencia política.
El llamado a capturar a Mordisco vivo es un gesto significativo que refleja la voluntad del gobierno de Petro de enfrentar los desafíos de seguridad del país con justicia y transparencia. Al insistir en la captura viva, Petro busca no solo justicia sino también verdad, un elemento crucial en el complejo tejido de la reconciliación nacional.
Este acontecimiento no solo pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el estado colombiano y los grupos armados disidentes sino que también subraya la urgencia de una solución pacífica y dialogada a los conflictos que siguen afectando a la nación. En un contexto donde las acusaciones y los hechos violentos amenazan con socavar los esfuerzos de paz, la determinación del presidente de seguir adelante con un enfoque que privilegie la vida y la justicia sobre la eliminación física de los opositores es un mensaje poderoso.
La respuesta de Petro a Iván Mordisco y al desafío que representa para el estado colombiano es una prueba de fuego para su administración, evidenciando los retos y las tensiones inherentes al proceso de construcción de paz en Colombia. Con esta orden, el presidente reafirma su compromiso con una paz justa y duradera, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, su gobierno opta por el camino del diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
