El retorno de Salvatore Mancuso a Colombia ha generado un revuelo político sin precedentes. En una sorprendente movida, el exjefe paramilitar ha enviado una carta al expresidente Álvaro Uribe, con quien ha protagonizado enfrentamientos públicos en los últimos meses. En esta carta, Mancuso niega categóricamente cualquier participación en un plan para incriminar a Uribe, pero sus palabras sugieren un tono duro y acusatorio.
Mancuso, recién aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como «sujeto incorporado a la fuerza pública», rechaza de manera enfática las acusaciones de conspiración en su contra. Afirma que su regreso al país no está relacionado con ningún plan en contra de Uribe o sus aliados políticos y económicos. Sin embargo, sus palabras dejan entrever una posible acusación implícita al expresidente.
En la misiva de dos páginas, el exjefe paramilitar también anuncia su intención de presentar una denuncia penal contra Uribe por acusarlo públicamente de buscar testigos en su contra. Esta denuncia, de gran calibre, busca esclarecer las afirmaciones del expresidente y exigir la presentación de pruebas concretas.
Por su parte, Uribe ha reiterado sus preocupaciones sobre el regreso de Mancuso a Colombia, señalando que este último ha llamado a personas a denunciarlo por supuestos vínculos con paramilitares. Sin embargo, Mancuso sostiene que todas sus declaraciones sobre el conflicto armado han sido realizadas ante instancias judiciales, desafiando a Uribe a presentar pruebas ante las autoridades competentes.
En un pasaje impactante de la carta, Mancuso acusa a Uribe y a su gobierno de connivencia y cooperación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su mandato como gobernador de Antioquia y su primer mandato presidencial. Este señalamiento directo agrega un nuevo nivel de tensión a la relación entre ambos personajes.
Finalmente, Mancuso insta a Uribe a detener su campaña de difamación y a comparecer ante la justicia para contar su verdad. Esta carta, firmada por Mancuso como «gestor de paz», marca un hito en la compleja dinámica política y judicial de Colombia, dejando entrever tensiones y acusaciones que podrían tener repercusiones significativas en el futuro del país.
