La calificadora de riesgo Fitch Ratings ha emitido una advertencia al Gobierno de Gustavo Petro ante la incertidumbre generada por los $13 billones del presupuesto de 2024 que aparecen sin asignación específica, situación que pone en riesgo el futuro de importantes proyectos de infraestructura en Colombia, especialmente en Antioquia. Este departamento se enfrenta a la posible afectación de hasta 15 obras significativas, incluyendo Proyectos como Mar 1, Mar 2, el desarrollo vial de Pacífico 1, Pacífico 2 , Metro de la 80 en Medellín, Túnel del Toyo, Metrocables y el Túnel Guillermo Gaviria
El departamento de Antioquia, con siete iniciativas en el Invías y ocho en la Agencia Nacional de Infraestructura, que en total suman $ 3,7 billones, podría estar esperando que éste rubro suba a $ 4,1 billones si se adicionan los recursos para el Metro Ligero de Medellín, obra que espera recibir este año $ 483.000 millones.
Fitch, conocida por su rigurosa evaluación de riesgos, ha destacado que las vigencias futuras han sido un mecanismo fiable y crucial para la financiación de proyectos estratégicos en el país. La calificadora subraya la importancia de resolver las inconsistencias dentro del presupuesto y cómo estas podrían influir en la percepción de riesgo sobre entidades públicas encargadas de desarrollar dichos proyectos. La situación actual podría afectar a compañías fundamentales como la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda, Metro de Bogotá SA, y Transmilenio SA, incrementando el riesgo asociado a estas y potencialmente deteriorando la confianza en el Estado colombiano a nivel nacional e internacional.
El Consejo Gremial Nacional y la Cámara Colombiana de la Infraestructura han expresado su preocupación, destacando el impacto negativo que esta incertidumbre presupuestal podría tener no solo en los proyectos y sus operadores, sino también en la confianza de los mercados hacia Colombia. Esto último podría traducirse en riesgos significativos en términos de calificación crediticia y atractivo para inversores potenciales.
La ANI y el Invías, por su parte, enfrentan dificultades para contratar a cerca de 1.000 contratistas debido a la imposibilidad de ratificar las vigencias futuras ya aprobadas, lo que ha llevado a la suspensión de procesos licitatorios y afecta directamente a proyectos vitales para el desarrollo y conectividad del país.
Este llamado de atención de Fitch refleja la urgencia de una gestión transparente y eficiente del presupuesto nacional, subrayando la necesidad de garantizar la continuidad y viabilidad de proyectos de infraestructura que no solo son cruciales para el progreso económico de regiones como Antioquia, sino también para el desarrollo sostenible de toda Colombia. La situación actual exige una pronta solución que asegure el dinamismo económico y la confianza en las instituciones del país.
