El involucramiento de un colectivo digital cercano al Gobierno de Gustavo Petro en el bloqueo de los accesos a la Corte Suprema de Justicia durante las manifestaciones del 8 de febrero ha levantado polémica y generado un amplio debate sobre la influencia política en movilizaciones ciudadanas. El colectivo, Activistas del Cambio, ha sido señalado por su participación directa en el bloqueo, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su relación con la Presidencia y el papel que desempeñan en la movilización social a favor del gobierno.
Este grupo, que surgió tras la campaña presidencial de Petro y que ha sido encomendado con la tarea de «movilizar al pueblo», ha sido dirigido por Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado por Petro y actualmente investigado penalmente en España. La presencia y las acciones de Activistas del Cambio en la protesta han sido documentadas y difundidas, mostrando su apoyo al bloqueo como una estrategia para presionar a la Corte en sus decisiones.
La situación se complica aún más con la divulgación de un video por La Silla Vacía, donde se observa a miembros del colectivo incentivando el bloqueo, y la publicación de un trino controversial en la cuenta oficial de Activistas del Cambio, que luego fue borrado y reemplazado por una declaración que se distancia del mensaje original. Estas acciones han sido interpretadas por algunos como un intento de influir en los procesos judiciales y han suscitado debates sobre la legitimidad de estas tácticas de presión.
La actuación de Activistas del Cambio en estas manifestaciones contradice las declaraciones del presidente Petro, quien negó que se hubiera restringido la movilidad de los magistrados, a pesar de la necesidad de intervención del Esmad para despejar el Palacio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha calificado el bloqueo como un «asedio violento», reafirmando la gravedad de la situación.
Este episodio no solo pone de relieve la complejidad de las relaciones entre el gobierno y movimientos sociales afines, sino que también plantea preguntas sobre la dinámica de poder y la influencia política en las protestas, marcando un momento crítico en el debate sobre la democracia y la independencia de los poderes en Colombia.
