La reciente jornada de tensión vivida en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Colombia, donde manifestantes progobierno bloquearon las entradas y salidas, obligando a una evacuación en helicóptero de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha puesto en relieve el delicado balance de poderes en el país. Este episodio, marcado por la incapacidad de la Corte para elegir un nuevo fiscal general de la Nación de entre la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro, ha generado un amplio debate sobre la independencia judicial y la democracia.
El presidente Petro, en un contexto de creciente tensión por investigaciones en contra de Fecode y supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, había llamado a la movilización popular el mismo día que la Corte Suprema debía deliberar sobre el nombramiento del fiscal. A pesar de prometer a los magistrados reducir los ánimos de la movilización, poco después incentivó la organización de coordinadoras de fuerzas populares, lo que culminó en un bloqueo al Palacio de Justicia por parte de diversos grupos, incluidas guardias campesinas y ciudadanos no organizados.
La reacción de la Corte Suprema, mediante un comunicado, rechazó enfáticamente el asedio y el bloqueo violento e ilegal, exigiendo al Gobierno Nacional garantías para el ejercicio de sus competencias. La Corte Constitucional, sumándose al llamado, solicitó respeto por la independencia judicial, subrayando la importancia de no presionar o intimidar a las instituciones de justicia.
Este incidente no solo ha mostrado la capacidad del discurso presidencial para movilizar manifestantes, sino que también ha evidenciado las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el Judicial. Mientras el presidente Petro ha llamado a evitar enfrentamientos entre justicia y ciudadanía, argumentando el derecho a la protesta, voces críticas dentro del espectro político y judicial han alertado sobre los riesgos que tales acciones representan para la separación de poderes y la integridad de la democracia colombiana.
La situación abre un periodo de reflexión sobre cómo garantizar el respeto mutuo entre los poderes del Estado y asegurar que Colombia continúe su camino como una democracia donde prevalezcan el diálogo y el entendimiento sobre la confrontación. La próxima sesión de la Corte Suprema, programada para el 22 de febrero, será observada de cerca, no solo por su importancia en la elección del fiscal general, sino como un termómetro de la salud institucional y democrática del país.
