En un día marcado por la tensión y el drama, la Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrentó un escenario sin precedentes: la necesidad de evacuar a sus magistrados en helicóptero ante el asedio de manifestantes en el Palacio de Justicia. Este incidente ocurrió después de que la Corte no lograra elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, dejando la posición temporalmente a cargo de la vicefiscal Martha Mancera. La falta de consenso para alcanzar los 16 votos necesarios para nombrar a uno de los candidatos propuestos por el presidente Gustavo Petro ha intensificado el debate nacional sobre la independencia de la justicia y la separación de poderes.
En respuesta a los eventos, la Corte Suprema emitió un comunicado condenando enfáticamente el bloqueo violento e ilegal que sufrió su sede, subrayando que tales actos no solo violan el derecho a la libertad de movimiento, sino que también ponen en grave riesgo la vida e integridad de magistrados, empleados, periodistas, y demás personas dentro del edificio. La Corte aseguró que estas presiones externas amenazan la democracia y el ejercicio libre y autónomo de las funciones judiciales.
La Corte Constitucional se sumó al llamado por la calma y la sensatez, enfatizando la importancia de no bloquear, presionar, o intimidar a las instituciones judiciales. Este pronunciamiento resalta la necesidad urgente de respetar la independencia judicial y de asegurar que las decisiones de justicia no sean objeto de presiones políticas, físicas, o morales.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, hizo un llamado a evitar enfrentamientos entre la justicia y la ciudadanía, recordando que la Corte Suprema tiene el derecho y el deber de elegir al fiscal libremente, mientras que la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse. Petro enfatizó que la protesta no es contra la justicia per se, sino contra la corrupción que amenaza su integridad, defendiendo el derecho a una protesta pacífica como pilar de la democracia y la decencia en el país.
Este episodio refleja un momento crítico para Colombia, en el que la defensa de la independencia judicial se convierte en un asunto de interés nacional. Mientras la Corte Suprema se prepara para una nueva votación el próximo 22 de febrero, el país observa atentamente, esperando una resolución que refuerce los principios democráticos y la separación de poderes, fundamentales para el estado de derecho en Colombia.
