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martes, marzo 11, 2025
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Congresistas proponen destinar $120.000 millones del presupuesto para construir nueva sede del Congreso en medio de la crisis económica

Un grupo de congresistas ha presentado una proposición para destinar $120.000 millones del Presupuesto General de la Nación de 2025 a la construcción de una nueva sede para el Congreso de la República. La propuesta, que ya cuenta con la firma de siete legisladores, ha generado una fuerte polémica debido al delicado momento económico que atraviesa el país.

El documento presentado sugiere la creación de un fondo especial y autónomo para gestionar los recursos destinados a diseñar, construir y mantener las nuevas oficinas. Además, incluye un presupuesto adicional de $15.000 millones para mejorar las condiciones de seguridad y protección de los servidores públicos en sus desplazamientos, elevando el monto total solicitado a $135.000 millones.

Entre los promotores de la iniciativa se encuentran los congresistas Jorge Eliécer Salazar, Milene Jarava y Hernando Guida Ponce, todos del Partido de la U, quienes argumentan que las actuales instalaciones del Congreso no son suficientes y que muchos funcionarios se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, en pasillos o desde sus casas.

La propuesta ha sido defendida por el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, quien aseguró que la ampliación de las instalaciones es necesaria para mejorar las condiciones de trabajo. «Los funcionarios de planta están en hacinamiento, lo que es inhumano», declaró Salamanca.

Sin embargo, esta idea ha encontrado resistencia tanto dentro como fuera del Congreso, dado el contexto económico del país. Según se conoció, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no dio su aval a la propuesta, aunque los congresistas esperan que pueda ser discutida en futuras reuniones de coordinadores y ponentes, o que se retome en el próximo debate presupuestal.

La iniciativa ha levantado críticas en sectores de la sociedad que consideran que, en tiempos de dificultades económicas, los recursos deberían destinarse a áreas más prioritarias, como la inversión social o la atención a los problemas más urgentes de la población. A pesar de la controversia, los promotores del proyecto mantienen la esperanza de que la propuesta sea reconsiderada en los próximos días.

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