La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, enfrenta acusaciones de haber violado la autonomía judicial al ordenar la liberación de varios disidentes de las Farc capturados en flagrancia. La controversia surge tras la emisión de una resolución que suspendió órdenes de captura, extendiéndola incluso a situaciones de flagrancia, como fue el caso de alias Ramiro y otros seis individuos capturados mientras se desplazaban en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia.
Expertos penalistas señalan que las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, como lo establece la ley. En este caso, la fiscal Camargo habría excedido sus funciones al ordenar directamente la liberación de los detenidos sin pasar por el debido proceso judicial. Según estos expertos, esta acción representa una ruptura en la autonomía de los fiscales encargados del caso, quienes deberían haber presentado a los capturados ante un juez para que se determinara su situación legal.
La decisión de Camargo ha sido interpretada como una extralimitación de sus funciones, ya que, según los académicos consultados, la fiscal general no tiene autoridad para ordenar la liberación de personas capturadas en flagrancia sin la intervención de un juez. La controversia se agrava porque la resolución original no mencionaba específicamente que las órdenes de captura suspendidas se aplicaran a situaciones de flagrancia, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad de la liberación de estos individuos.
El documento firmado por la fiscal Camargo ha sido categorizado como un oficio, el cual, según fuentes del ente acusador, no es de obligatorio cumplimiento para los fiscales delegados. Esto significa que el fiscal a cargo del proceso tiene la responsabilidad de decidir si procede o no con la liberación, considerando la legalidad de la captura y la resolución que supuestamente la suspende. Los expertos insisten en que, en este caso, el fiscal debía presentar a los capturados ante un juez de control de garantías y argumentar la resolución en una audiencia preliminar, permitiendo así que el poder judicial tomara una decisión informada y conforme a derecho.
Esta situación ha generado un debate sobre la separación de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales en Colombia. La fiscal general Luz Adriana Camargo ha sido criticada por su presunta usurpación de funciones y por tomar decisiones que, según algunos expertos, podrían ser vistas como un abuso de poder, afectando la confianza en el sistema judicial y en los procesos de paz en curso con las disidencias de las Farc.
