El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, afirmó que la decisión de liberar a los cabecillas de las disidencias de las Farc, capturados mientras se desplazaban en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia, es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Velásquez dejó claro que ni su cartera ni el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvieron injerencia en las decisiones judiciales que resultaron en la liberación de estos individuos.
En un contexto de creciente polémica, el ministro se pronunció desde el Congreso de la República para aclarar la situación, destacando que las decisiones sobre la suspensión de órdenes de captura corresponden únicamente al ente acusador. Según Velásquez, la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, tomó estas decisiones de manera autónoma, en medio de un clima de negociaciones entre el gobierno y las disidencias de las Farc. Este proceso de paz ha sido objeto de controversia, especialmente después de que se descubriera que algunos cabecillas se movilizaban en vehículos oficiales sin los permisos adecuados.
El caso ha generado indignación entre los familiares de las víctimas, especialmente después del asesinato del sargento Diego López por las disidencias. Marta López, madre del sargento asesinado, expresó su frustración con el gobierno y la Fiscalía, señalando que parece que «se protege más a los bandidos que a las personas humildes». La decisión de liberar a algunos de los capturados, incluido alias Firu, ha sido criticada como un acto de impunidad, alimentando la percepción de que las autoridades están permitiendo que criminales peligrosos eludan la justicia.
Velásquez también respondió a las críticas sobre el manejo de la situación, afirmando que el gobierno está comprometido con la seguridad y la justicia. No obstante, subrayó que las decisiones judiciales deben ser respetadas, aunque insistió en que la Fiscalía debe ser transparente y responsable en sus acciones. Esta declaración se produce en un momento de alta sensibilidad, ya que el país enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y justicia, con el proceso de paz y la gestión de grupos armados ilegales en el centro del debate nacional.
