El nombre de Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de la primera dama Verónica Alcocer, vuelve al centro del debate público tras las graves denuncias que vinculan a contratistas cercanos a él con presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Urrá. Según revelaciones, la empresa Luxim Ingeniería S.A.S., de propiedad de David Cerón y Luz Amparo Muñoz Petro, amigos personales de Alcocer, habría exigido sumas millonarias adicionales tras incumplimientos en el desarrollo del Parque Solar Urrá 19.9.
El contrato, adjudicado en 2021 por un valor inicial de 76.058 millones de pesos, no ha sido ejecutado dentro de los plazos previstos, y la infraestructura aún no está en operación. Los contratistas, parte del consorcio Luxpower 2022, pidieron a Urrá reconocimientos financieros por más de 60.900 millones de pesos, argumentando un supuesto desequilibrio económico derivado de factores externos como la guerra en Ucrania. Sin embargo, la hidroeléctrica rechazó estas pretensiones, destacando la falta de experiencia del consorcio y un avance insuficiente en el proyecto.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla habría recibido y remitido la denuncia a la Fiscalía en octubre, denunciando presiones indebidas relacionadas con estos contratos. A pesar de esto, Luxim Ingeniería continúa participando en procesos licitatorios de Urrá, lo que ha levantado nuevas suspicacias sobre la gestión de esta empresa mixta y los posibles conflictos de interés detrás de su operación.
En este escándalo también aparece mencionado Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña del presidente Gustavo Petro, quien ha negado cualquier vínculo con estas denuncias. A pesar de sus declaraciones, el caso pone nuevamente en entredicho la relación entre el gobierno y los intereses particulares en empresas estatales y mixtas.
La situación en Urrá no es un hecho aislado, sino un síntoma recurrente de cómo se manejan las empresas públicas en Colombia. La influencia de familiares y amigos cercanos a figuras de poder evidencia una preocupante falta de transparencia y control. Este caso expone la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión en contrataciones, especialmente en entidades que manejan recursos estratégicos del Estado. El impacto político para el gobierno Petro es innegable: mientras busca avanzar en reformas estructurales, las denuncias de corrupción socavan su credibilidad y refuerzan la percepción de que las prácticas cuestionables no han quedado atrás.
