La reciente aprobación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en Antioquia podría desencadenar una de las disputas legales más relevantes entre la Gobernación y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este nuevo tributo, que se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a sectores industriales y comerciales, ha sido impulsado por el gobernador Andrés Julián Rendón, pero enfrenta una fuerte resistencia por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El conflicto surge de la negativa de EPM, presidida por Gutiérrez, a incluir este cobro en las facturas de energía que llegan a millones de hogares y negocios en Antioquia. Según Gutiérrez, dicha obligación es jurídicamente cuestionable y afecta innecesariamente a los usuarios del servicio público.
El marco legal y los argumentos en disputa
La ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental se basa en las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios y habilitan la facturación de tasas adicionales en determinados casos. En su artículo 8, la normativa exige que las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, como EPM, actúen como recaudadoras de esta tasa a través de sus facturas.
No obstante, EPM ha anticipado que se negará a cumplir con esta disposición, argumentando posibles riesgos legales, entre ellos la vulneración del principio de legalidad tributaria y la falta de claridad en la reglamentación de la tasa. Esta postura podría llevar a la Gobernación a presentar una demanda en los tribunales para hacer cumplir la ordenanza.
Impacto económico y político
La tasa de seguridad busca recaudar cerca de 1,1 billones de pesos entre 2025 y 2027, con inversiones proyectadas en áreas como la instalación de cámaras de seguridad, infraestructura deportiva, dotación de la Fuerza Pública y construcción de una cárcel departamental. Sin estos recursos, la Gobernación enfrentaría serias limitaciones para ejecutar su plan de seguridad en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad en el departamento.
Por otro lado, la postura de Gutiérrez refuerza su narrativa de defensa de los ciudadanos contra lo que considera «impuestos injustificados». Esto podría fortalecer su liderazgo político, pero también genera tensiones entre la Alcaldía y la Gobernación, afectando la colaboración en temas de seguridad regional.
¿Qué sigue?
Es probable que la disputa termine en los tribunales, donde se evaluará si la Gobernación tiene la facultad legal de obligar a EPM a actuar como recaudador de la tasa. Además, será clave observar el impacto que esta controversia tenga en las relaciones entre ambas instituciones y cómo los fallos judiciales podrían sentar precedentes sobre la aplicación de tasas similares en otras regiones.
Mientras tanto, los habitantes de Antioquia quedan en el limbo sobre la implementación de esta medida, que podría redefinir la dinámica fiscal y administrativa entre el departamento y su principal empresa de servicios públicos.
