La Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia histórica al condenar a seis años de prisión a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, dos altos exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe Vélez, por su participación en la red de interceptaciones ilegales conocida como las ‘chuzadas’ del DAS. El fallo confirma su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, el cual fue orquestado para atacar a la Corte Suprema de Justicia y figuras políticas de la oposición.
Las investigaciones revelaron que Velásquez, exjefe de prensa, y Del Castillo, exsecretario jurídico, utilizaron al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como herramienta de espionaje y manipulación. Según la Fiscalía, se valieron de grabaciones obtenidas de manera ilegal mediante funcionarios infiltrados en las instalaciones de la Corte. Estas grabaciones habrían sido filtradas estratégicamente para desprestigiar a magistrados, periodistas y políticos críticos al gobierno de Uribe.
Uno de los aspectos más graves de este caso es el rol del entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, señalado como autor intelectual de las órdenes. Según el expediente judicial, Moreno habría instruido a Velásquez y Del Castillo para ejecutar estas acciones contra la independencia judicial y voces opositoras como el periodista Daniel Coronell y los exsenadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Este entramado quedó expuesto como un uso abusivo de las instituciones públicas para consolidar un aparato de vigilancia contra quienes representaban un obstáculo político para la administración de turno.
La Corte determinó que las pruebas presentadas eran contundentes: las grabaciones ilegales y los testimonios demostraron que los acusados instrumentalizaron organismos estatales, como el DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF), para perpetrar sus objetivos. Además, se confirmó que las grabaciones se filtraron a medios de comunicación con interpretaciones maliciosas, buscando manipular la opinión pública y dañar la reputación de sus objetivos.
Esta sentencia es un recordatorio de los peligros que implica el uso indebido de los recursos del Estado para propósitos políticos. Más allá de los nombres implicados, este caso expone un entramado de corrupción y abuso de poder que pone en jaque los pilares de la democracia colombiana. Si bien el fallo cierra un capítulo doloroso, también es un llamado urgente para que las instituciones sean blindadas frente a los intereses partidistas y no vuelvan a ser herramientas de persecución política. El caso refuerza la importancia de la independencia judicial y la vigilancia ciudadana sobre quienes ostentan el poder.
