El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer este martes un dato fundamental para la negociación del salario mínimo de 2025: la productividad total de los factores fue de 1,73% en el tercer trimestre del año. Este indicador, junto con la inflación anual, constituye la base técnica para calcular el ajuste del salario mínimo que regirá el próximo año.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que otros subindicadores de productividad también serán discutidos para determinar cuál será presentado oficialmente a la Comisión de Concertación Salarial. Entre estos están la productividad laboral por hora trabajada (3,43%), la productividad media (3,14%) y la productividad laboral por persona empleada (1,76%). La decisión final se tomará este miércoles, en una reunión clave para definir el primer insumo técnico del debate.
El cálculo de la productividad mide la eficiencia con la que se combinan los factores de producción, como el capital, las materias primas y las horas trabajadas, para generar bienes y servicios. Este dato refleja el dinamismo económico del país y su capacidad para sustentar incrementos en los ingresos laborales sin afectar la competitividad.
Si la inflación proyectada para 2024 cierra cerca del 5%, como anticipan analistas, y se elige el 1,76% como referencia de productividad, el aumento del salario mínimo podría oscilar en torno al 6,76%. Sin embargo, el debate sigue marcado por propuestas divergentes. Anif ha sugerido un incremento no superior al 6%, mientras que Acopi propuso un modesto ajuste del 2,5%, argumentando los desafíos financieros de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La productividad total de los factores muestra una ligera mejora en la eficiencia económica del país, pero el debate sobre el salario mínimo pone de manifiesto tensiones entre diferentes sectores. Mientras los trabajadores esperan un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo, los gremios empresariales temen que un ajuste significativo impacte negativamente en los costos operativos. El Gobierno deberá lograr un equilibrio que no solo reconozca las necesidades de los trabajadores, sino que también proteja la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo en el país.
