El municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, marcó un hito al aprobar un acuerdo municipal que prohíbe el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en instituciones educativas públicas y espacios destinados a menores de edad. Este proyecto, aprobado por el Concejo y revisado por la Gobernación de Antioquia, está próximo a recibir la sanción del alcalde Mario Gutiérrez, lo que lo convertirá en una norma de obligatorio cumplimiento.
El acuerdo tiene como objetivo principal proteger la salud de los niños y adolescentes frente a los riesgos que representan estos dispositivos, señalados por contener sustancias como nicotina y metales pesados que afectan el desarrollo cognitivo y el organismo. Según Juan Pablo Arteaga, presidente del Concejo, el desconocimiento sobre los efectos adversos de los vapeadores era evidente no solo entre los jóvenes, sino también entre sus padres, quienes en algunos casos alentaban su uso.
Estudios citados por el corporado revelan que el 19 % de los jóvenes en Colombia han utilizado vapeadores y que el 80 % de estos mantienen un consumo simultáneo de tabaco u otras sustancias. Con esta medida, La Estrella busca no solo proteger a sus menores, sino también inspirar a otros municipios de Antioquia y del país a adoptar normativas similares que prohíban estos dispositivos en espacios públicos frecuentados por menores.
Una vez el alcalde sancione la norma, su aplicación será inmediata. Esto implicará que las autoridades locales estarán facultadas para sancionar a quienes infrinjan la regulación utilizando vapeadores en colegios y parques. La iniciativa destaca la responsabilidad de las administraciones municipales en la protección del bienestar de niños y adolescentes, y es un llamado a la acción para todo el territorio nacional.
Este avance de La Estrella demuestra cómo un municipio puede liderar con determinación la defensa de la salud pública frente a los vacíos regulatorios nacionales. La protección de la niñez y la adolescencia frente a las amenazas de dispositivos aparentemente inofensivos, pero profundamente nocivos, es un deber que trasciende la legislación local. La decisión, lejos de ser restrictiva, es un acto de responsabilidad que coloca el bienestar de las nuevas generaciones como prioridad. Esta iniciativa debería servir como modelo para el resto del país, promoviendo conciencia y acción frente a los peligros del consumo prematuro de sustancias dañinas.
