La audiencia de medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, imputado por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía, dejó abiertas varias dudas sobre las circunstancias del crimen. Según el abogado de Sotelo, Saúl León, al menos cuatro testimonios señalan al escolta asignado a la protección del joven fallecido como el presunto autor del disparo mortal.
Durante la sesión, celebrada el miércoles 27 de noviembre, el defensor argumentó que las pruebas presentadas por la Fiscalía tienen inconsistencias. Según León, el informe del CTI halló dos armas en la escena del crimen: una perteneciente a Sotelo y otra al escolta, Sergio Felipe Rico Rueda. Sin embargo, la defensa destacó que el arma de Sotelo, un revólver aparentemente de balines, estaba dañada e incapaz de disparar, mientras que la del escolta estaba habilitada para funcionar.
Por su parte, la Fiscalía ha planteado la posibilidad de que una tercera arma, aún no identificada, podría haber sido utilizada en el hecho. También se han mostrado escépticos sobre la autenticidad del arma entregada por Sotelo y su familia a las autoridades, sugiriendo que pudo haber sido cambiada antes de ser presentada como evidencia.
Sotelo, quien enfrenta cargos por homicidio, insiste en su inocencia. En una declaración pública, afirmó: «Me están acusando de algo que no hice. Mi arma era de balines y estaba desarmada. Todo esto se está tergiversando». Su defensa también acusó a la Fiscalía de omitir detalles clave en los testimonios y seleccionar pruebas que favorecen únicamente su hipótesis.
Dada la falta de claridad y los testimonios contradictorios, el juez decidió suspender la audiencia y reprogramarla para el próximo lunes 2 de diciembre. Mientras tanto, la familia de la víctima y las autoridades enfrentan más preguntas que respuestas sobre un caso que ha generado gran impacto nacional, no solo por la relevancia de las personas involucradas, sino por la incertidumbre alrededor de los hechos.
El caso de Juan Felipe Rincón revela un preocupante patrón de irregularidades en la investigación de crímenes de alto perfil en Colombia. Las inconsistencias y falta de claridad en las pruebas no solo retrasan la justicia, sino que también siembran dudas sobre la transparencia de las instituciones encargadas de esclarecer estos hechos. Si se demuestra negligencia o encubrimiento en este caso, se podría comprometer la confianza ciudadana en la Fiscalía y la Policía Nacional, instituciones clave en la lucha contra la impunidad. Es esencial que este proceso se lleve a cabo con total rigurosidad, garantizando imparcialidad y acceso pleno a la verdad.
