En un giro significativo para el debate sobre el sistema de salud en Colombia, la Comisión Primera del Senado aprobó este martes la ponencia positiva de la contrarreforma a la salud, promovida por el Centro Democrático y Cambio Radical. Este proyecto estatutario, diseñado como respuesta al polémico plan del Gobierno de Gustavo Petro, busca corregir errores del modelo actual sin desmantelar los avances de las últimas tres décadas.
A diferencia de la propuesta gubernamental, esta iniciativa otorga prioridad a los derechos fundamentales, al garantizar que los pacientes puedan elegir entre aseguradoras públicas y privadas. Además, se plantea un ajuste en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para que los recursos se asignen según el nivel de riesgo de cada paciente. Según la senadora Paloma Valencia, “esto incentivará a las entidades a atender mejor a los pacientes con enfermedades graves, quienes recibirán más recursos”.
El proyecto también incluye un enfoque en la dignificación laboral del personal médico y de enfermería. Se propone establecer un piso salarial mínimo para estos profesionales, buscando evitar contratos precarios y asegurar mejores condiciones laborales. En palabras del senador Carlos Fernando Motoa, el objetivo es “poner al paciente como el centro del sistema, ofreciendo una atención más eficiente y corrigiendo las fallas sin destruir lo que ya funciona”.
Este respaldo a la contrarreforma se da en un momento crítico, pues la reforma oficialista del Gobierno fue aprobada la semana pasada en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A pesar de las intensas discusiones, este proyecto enfrenta serios cuestionamientos de sectores opositores y gremios médicos, quienes advierten sobre la politización del sistema y los riesgos de centralizar los recursos.
La lucha entre estas dos visiones del sistema de salud refleja una profunda fractura en el enfoque sobre cómo abordar las necesidades de los colombianos. Mientras el Gobierno Petro busca una transformación estructural, sus críticos denuncian riesgos de ineficiencia y clientelismo. La contrarreforma, en contraste, propone ajustes específicos, preservando la capacidad de elección y fomentando la competencia entre entidades.
El resultado de este enfrentamiento no solo definirá el futuro del sistema de salud, sino que también marcará la capacidad de los bloques políticos para incidir en temas cruciales para el país. Con un escenario aún incierto en el Congreso, el debate promete intensificarse, y los colombianos, como usuarios del sistema, serán los principales observadores y afectados.
