El retraso en el giro de $402.000 millones destinados al Icetex tiene a más de 200.000 estudiantes universitarios al borde de perder sus matrículas. Aunque el Ministerio de Hacienda asegura que los recursos están asegurados, argumenta que la priorización de emergencias, como la ola invernal, ha aplazado la transferencia de fondos, lo que ha generado una ola de críticas y preocupación.
Según el Ministerio, la reprogramación de los giros se hará en los próximos meses, dejando a miles de jóvenes en un limbo educativo. Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se han destinado $2.500 millones para atender las afectaciones por lluvias, mientras que los compromisos con el Icetex quedan en espera. Este retraso, según expertos, refleja un manejo financiero que prioriza lo urgente sobre lo estratégico, dejando en segundo plano el acceso a la educación superior.
La situación es aún más grave si se considera que los recursos no girados afectan tanto a estudiantes actuales como a nuevos beneficiarios. Para el próximo año, el panorama no es más alentador: el Ministerio de Educación ha advertido que, debido a la crisis fiscal, habrá un recorte en los recursos destinados al Icetex, comprometiendo el acceso de casi un millón de estudiantes en todo el país.
Desde la Presidencia y el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, las explicaciones han sido ambiguas. Rojas incluso minimizó su responsabilidad directa con el Icetex, a pesar de ser el presidente de la Junta Directiva de la entidad. Esta desconexión en las respuestas gubernamentales ha generado más incertidumbre entre los estudiantes y sus familias, que ven en el Icetex una herramienta esencial para garantizar su educación.
La incapacidad del Gobierno para cumplir con los giros al Icetex refleja una preocupante falta de coherencia en las prioridades nacionales. Mientras se destinan recursos para emergencias inmediatas, la educación de miles de jóvenes queda relegada, perpetuando el círculo de pobreza y desigualdad que estas mismas emergencias buscan mitigar. Este manejo financiero cuestiona la sostenibilidad del sistema educativo y la promesa de equidad social, pilares que parecen tambalear en el actual gobierno.
