La lucha contra el crimen organizado en Medellín dio un golpe significativo con la extinción de dominio aplicada a siete hoteles y un parqueadero en el centro de la ciudad. Las propiedades, ubicadas en la comuna 10 (La Candelaria), están vinculadas a delitos graves como la explotación sexual de menores, tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio. Este operativo, liderado por las autoridades, afectó las finanzas de los grupos criminales en una suma estimada de 11.500 millones de pesos.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentran los hoteles Albert, Nuevo Amor, Peruano Real, Yarima, Zara y Libia, así como un inquilinato y un parqueadero. Según las investigaciones, estos establecimientos operaban como epicentros de actividades ilícitas que incluían la venta de drogas, explotación sexual infantil y hasta el almacenamiento de vehículos robados.
Uno de los casos más impactantes se registró en el Hotel Albert, donde el pasado 13 de septiembre las autoridades encontraron a un ciudadano israelí con una menor de 16 años que estaba siendo explotada sexualmente. En la misma operación, se hallaron dos kilos de marihuana listos para ser distribuidos. Por otro lado, el parqueadero en cuestión funcionaba como un punto de acopio para vehículos hurtados y centro de operaciones para la venta ilegal de autopartes.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, afirmó que este operativo demuestra el compromiso de la administración local con la erradicación de actividades criminales. “A través de estos inmuebles, promovían delitos tan graves como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el tráfico de estupefacientes y el hurto de vehículos. No permitiremos que ningún espacio de nuestra ciudad sea utilizado para actividades ilícitas que afectan a nuestra comunidad”, destacó.
El procedimiento fue ejecutado con el apoyo de fiscales especializados, investigadores de la Sijín y patrullas de la Policía Metropolitana, quienes recopilaron pruebas contundentes para sustentar las acciones judiciales.
Este golpe no solo ataca las finanzas de las organizaciones criminales, sino que también envía un mensaje categórico: Medellín no tolerará la impunidad. Sin embargo, la persistencia de este tipo de delitos revela los desafíos estructurales en la lucha contra el crimen, como la falta de regulación efectiva en el uso de inmuebles y el poder de las mafias locales. Combatir estas redes requiere no solo de operativos policiales, sino de políticas integrales que rompan el ciclo de vulnerabilidad que alimenta estas actividades.