La sostenibilidad fiscal de Colombia para 2025 enfrenta serios desafíos, con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertando sobre la necesidad de recortar $56,2 billones adicionales en el presupuesto. Esta cifra, equivalente al 3,2 % del PIB, se suma al recorte de $20 billones anunciado en junio de 2024, que resultó insuficiente para equilibrar las finanzas públicas ante el declive en los ingresos tributarios y petroleros.
Según el Carf, los ingresos programados para 2024 ya reflejan un déficit de $74,1 billones, 4,3 % por debajo de lo estimado en el Presupuesto General de la Nación. La situación empeora debido a factores estructurales como los gastos en pensiones, intereses de deuda y subsidios al combustible, que absorben el 83,6 % del presupuesto, dejando poco margen de maniobra para realizar ajustes fiscales significativos.
Adicionalmente, el Carf estima que los ingresos proyectados para 2025 podrían ser $33,3 billones inferiores a lo previsto, lo que aumenta la probabilidad de incumplimiento de la regla fiscal. Esta incertidumbre se agrava por la dependencia de la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento, que de no prosperar obligaría al Gobierno a recortar gastos al inicio del próximo año para compensar el déficit de ingresos.
Las alertas no son nuevas, pero el panorama es cada vez más sombrío. El alto déficit, combinado con menores ingresos por petróleo y una carga de deuda en aumento, amenaza con socavar la credibilidad de las finanzas públicas colombianas. Además, el Carf advierte que la Tesorería ha operado con saldos por debajo del promedio histórico, un indicador que refleja la delicada situación de liquidez del Estado.
La gestión fiscal del Gobierno Petro enfrenta una encrucijada. Las medidas de austeridad, aunque necesarias, llegan en un contexto de presión social por mayor inversión en sectores clave. Sin embargo, el creciente déficit y la inflexibilidad del gasto limitan la capacidad de maniobra. La falta de ingresos suficientes para 2025 plantea riesgos de recesión, inflación y pérdida de confianza en los mercados internacionales, lo que podría tener consecuencias graves para la estabilidad económica del país.
