El Senado de la República enfrentó una controversia inusual durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, al aparecer un voto adicional en el conteo final. Aunque en la plenaria estaban presentes 102 senadores, se registraron 103 votos, lo que desató denuncias de irregularidades, especulaciones de fraude y la suspensión del proceso por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Los candidatos en disputa, Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo, empataron con 50 votos cada uno, mientras que dos sufragios fueron en blanco y un tarjetón quedó sin marcar. Según explicó el senador Juan Carlos Garcés, del Partido de La U, el voto de más se debió a que un tarjetón en blanco quedó pegado a otro marcado, descartando intenciones fraudulentas. Sin embargo, el incidente generó malestar en sectores del oficialismo y la oposición, que exigieron revisar cámaras de seguridad para garantizar la transparencia del proceso.
Otro punto de tensión surgió cuando el senador Manuel Virgüez, del MIRA, denunció que un voto ya estaba en la urna cuando la primera senadora de la lista, Ana Paola Agudelo, acudió a votar. Esto, según el secretario encargado del Senado, Saúl Cruz, ocurrió porque se permitió al senador Mauricio Gómez Amín sufragar antes de retirarse del recinto, previa autorización del presidente Cepeda.

La sesión fue levantada para garantizar que la repetición del proceso cumpla con estándares de transparencia. Cepeda anunció que se realizarán ajustes en los tarjetones, se instalarán cubículos y se revisarán las grabaciones de seguridad para descartar cualquier irregularidad. A pesar de las medidas, algunos senadores criticaron la decisión de no resolver el empate de inmediato, lo que generó tensos enfrentamientos en el hemiciclo.
El incidente pone en entredicho los procedimientos del Senado y resalta la importancia de garantizar transparencia en decisiones trascendentales como la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Más allá de lo técnico, este episodio refleja las divisiones y tensiones políticas que atraviesan el Congreso, donde cada voto se convierte en un campo de batalla estratégico.