En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró la incautación de siete toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, ‘Dagoberto Ramos’. El hallazgo se realizó en la vereda Cacique del municipio de Silvia, Cauca, y representa el mayor decomiso de este tipo desde 2017. Este cargamento ilegal, avaluado en más de 4.000 millones de pesos, estaba destinado a abastecer tanto el mercado nacional como el internacional.
El operativo fue liderado por la Tercera División del Ejército y unidades de la Policía del Cauca, quienes lograron identificar un depósito clandestino utilizado como centro de acopio para grandes cantidades de estupefacientes. La marihuana estaba camuflada en una zona montañosa y de difícil acceso, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico en el suroccidente del país. Este golpe no solo afecta las finanzas de las disidencias, sino que también merma su capacidad logística y operativa.
La estructura ‘Dagoberto Ramos’, conocida por extorsiones, reclutamiento forzado y ataques contra la población civil, enfrenta ahora un duro revés en su economía. Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para capturar a los responsables detrás de este depósito ilegal y desmantelar las rutas y laboratorios asociados al narcotráfico en esta región del Cauca. Este resultado se suma a una serie de esfuerzos recientes por parte del Gobierno para atacar las economías ilícitas que financian la violencia en el país.
El Cauca, históricamente afectado por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales, se mantiene en el centro de las operaciones antidrogas. Con incautaciones de esta magnitud, el Ejército y la Policía buscan frenar la expansión de las disidencias y recuperar el control territorial en una de las regiones más críticas del país.
Este golpe al narcotráfico es un avance estratégico que impacta significativamente a las disidencias de las Farc, pero también subraya la complejidad de los retos que enfrenta el Estado en el Cauca. Las rutas y cultivos ilícitos persisten como fuentes de financiamiento para estructuras criminales, lo que demanda una acción coordinada no solo en términos de seguridad, sino también en inversión social y económica para transformar las dinámicas en las comunidades afectadas.
