Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco», líder de un grupo armado ilegal, por su responsabilidad en el reclutamiento forzado y la violación de derechos humanos en menores de edad en Colombia. Según el documento, 18 municipios del Meta enfrentan riesgos críticos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo reclutamiento, violencia sexual y trabajo forzado.
La denuncia, dirigida a Carlos Bernal Pulido, vicepresidente de la CIDH, destaca el impacto devastador de estas acciones en la región. Los municipios afectados incluyen Macarena, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Granada y Villavicencio, entre otros. La gobernadora enfatizó que estas violaciones perpetúan los horrores del conflicto armado, afectando los derechos fundamentales de los menores, como la educación, la libertad y la protección contra la tortura y la esclavitud.
Cortés presentó la denuncia durante una visita oficial a Washington, donde sostuvo reuniones con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, USAID y otros organismos internacionales. La mandataria aprovechó su agenda para buscar apoyo y cooperación internacional en la lucha contra la violación de derechos humanos en su región, especialmente contra los grupos criminales liderados por alias «Iván Mordisco».
La denuncia también busca llamar la atención de los organismos internacionales sobre la urgente necesidad de proteger a las comunidades vulnerables de las acciones de grupos armados ilegales. Cortés reiteró su compromiso de continuar documentando y denunciando los casos de violaciones, especialmente aquellos que afectan a los menores en el Meta.
La denuncia de Rafaela Cortés ante la CIDH pone de relieve el impacto del conflicto armado en las comunidades más vulnerables de Colombia. La exposición de menores a reclutamiento forzado y violencia sexual no solo constituye una flagrante violación de los derechos humanos, sino que también refleja la persistencia de dinámicas de violencia estructural en el país. La acción de la gobernadora podría sentar un precedente para una mayor vigilancia internacional y presión sobre las estructuras armadas que operan en la región.
