En una decisión que ha generado amplio debate, el presidente Gustavo Petro ha designado a 12 integrantes de la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocidos como los «Comuneros del Sur», como gestores de paz, solicitando además su liberación de centros penitenciarios. Esta medida se enmarca en la política de «Paz Total» promovida por el gobierno, que busca entablar diálogos con diversos actores armados para poner fin al conflicto interno que ha afectado al país por más de seis décadas.
Los «Comuneros del Sur» operan principalmente en el departamento de Nariño y se han distanciado del comando central del ELN, declarando su independencia. La decisión de reconocerlos como una organización distinta y establecer una mesa de diálogos específica con ellos ha sido interpretada como un intento del gobierno por abordar de manera diferenciada las diversas facciones armadas que persisten en el país.
La designación de estos individuos como gestores de paz implica que participarán activamente en las negociaciones y procesos de desmovilización, con el objetivo de facilitar la reintegración de sus miembros a la vida civil y contribuir a la construcción de una paz sostenible en las regiones afectadas por su accionar. Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas por parte de sectores que consideran que podría otorgar beneficios indebidos a personas responsables de delitos graves.
El gobierno ha defendido la iniciativa argumentando que la participación de estos excombatientes en los procesos de paz es fundamental para lograr una desmovilización efectiva y garantizar la no repetición de actos violentos. Se espera que, a través de su involucramiento, se logren avances significativos en la reducción de la violencia y en la consolidación de la paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
