Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), confesó la existencia de una estrategia para desacreditar a medios de comunicación en Colombia, lo cual ha generado un intenso debate. En un video reciente, Bolívar reconoció que estas campañas de desprestigio han dado resultados, logrando que parte de la población desconfíe de fuentes como Caracol, RCN y SEMANA. Estas declaraciones se realizaron mientras analizaba una encuesta en la que el presidente Gustavo Petro alcanzó un 51% de aprobación, resultado que vinculó con un cambio en la comunicación del gobierno y la influencia de figuras cercanas al petrismo en redes sociales.
El contenido de este video ha avivado el foco sobre las tácticas empleadas por el gobierno para controlar la narrativa mediática y neutralizar las críticas. Bolívar mencionó que la intención es desviar la atención de lo que considera un tratamiento sesgado hacia el presidente, mientras que se potencian voces afines al gobierno en plataformas digitales. Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente de parte de sectores de la prensa, que ven en estas maniobras una amenaza a la libertad de expresión y un intento de erosionar la credibilidad de los medios independientes.
La estrategia de desprestigio no es nueva en el círculo político del presidente Petro. Durante la campaña electoral de 2022, se documentaron tácticas similares, reveladas en los conocidos “petrovideos”, en los cuales se indicaban directrices para atacar a candidatos opositores y medios que publicaban denuncias críticas hacia la campaña. En esa ocasión, se mostraba cómo los aliados digitales del petrismo desempeñaban un papel clave en difundir mensajes a través de influenciadores y redes secundarias, aumentando el impacto de la campaña negativa.
Estas revelaciones subrayan las complejidades del entorno político y comunicacional en Colombia, donde la influencia de las redes sociales y los medios alternativos se entrelaza con estrategias gubernamentales para moldear la opinión pública. El debate sobre los límites éticos de estas tácticas y su impacto en la percepción de la prensa sigue abierto, con implicaciones significativas para la relación entre el poder y los medios en el país.
